Hizo lugar al amparo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y frenó la aplicación de la Resolución 55 de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ordenó al INV a seguir brindando información y paralizar a los establecimientos que no cumplan con el pago de la contribución obligatoria.
Hay que recordar que la contribución solo la paga el eslabón industrial: bodegas, mosteras y exportadores de pasas.
También es necesario destacar que la Justicia frenó la Resolución 55 y ordenó al INV a que brinde la información necesaria para que se pueda calcular cuál es el aporte de cada establecimiento al PEVI y lo obliga a paralizar a los que no paguen.
La Justicia Federal hizo lugar al amparo presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y ratificó la vigencia del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la obligatoriedad de las contribuciones. Frenó así la aplicación de la Resolución 55 de la Secretaría de Agricultura de la Nación y ordenó al INV a seguir brindando información estadística y paralizar a los establecimientos que no cumplan con el pago de la contribución obligatoria tal y como establece la Ley 25.849.
La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) sumó un capítulo clave. La Justicia Federal hizo lugar al recurso de amparo presentado por la entidad contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, una medida que había eliminado los aportes obligatorios que financiaban gran parte de su funcionamiento y que fue presentada por el Ejecutivo como parte del proceso de desregulación económica.
En el centro del debate aparece una cuestión institucional de fondo: si una resolución de una secretaría puede modificar los efectos de una entidad creada por una ley nacional. La Coviar sostiene que no.
La corporación fue creada mediante la Ley 25.849, sancionada por el Congreso de la Nación para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una herramienta que durante más de dos décadas articuló políticas para productores, cooperativas, bodegas, gobiernos provinciales e instituciones de toda la cadena.
Uno de los principales argumentos planteados en el amparo es justamente que una resolución administrativa no puede alterar el funcionamiento de una institución cuya existencia surge de una norma con rango de ley.
Si bien la resolución impulsada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, no dispuso formalmente la disolución de la Coviar, sí puso en duda su continuidad al eliminar su principal fuente de financiamiento: los recursos provenientes de los aportes que hacen las bodegas que elaboran vinos, establecimientos fabricantes de jugo concentrado de uva o mosto y los exportadores de pasas de todo el país.
Desde la entidad calificaron la medida como «improcedente, inconsulta e inoportuna» y cuestionaron que se avanzara sin una instancia previa de diálogo con los distintos actores que integran la corporación.
Un debate que divide a la industria
La resolución nacional generó posiciones enfrentadas dentro de la vitivinicultura. Entre quienes respaldaron la medida aparecen Bodegas de Argentina, entidades empresarias de San Juan y sectores agrupados en la Mesa Vitícola, que desde hace años cuestionan el sistema de aportes obligatorios y consideran que el financiamiento de la entidad debería realizarse de manera voluntaria.
Sin embargo, también surgieron numerosas voces en defensa de la Coviar y de su rol institucional. Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) recordaron que la corporación tiene representación en 18 provincias vitivinícolas y constituye el único espacio donde participan todos los eslabones de la cadena productiva.
Para la FEM, la entidad cumple una función estratégica de articulación entre el sector privado y los distintos niveles del Estado, promoviendo programas vinculados a la producción, la comercialización, la innovación y el desarrollo regional.
En la misma línea se expresó el Consejo Directivo de Coviar, integrado por representantes de entidades de todo el país.
«Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina», señalaron desde la entidad.
Algunos efectos de la decisión de la Justicia Federal
— Restitución de sanciones fiscales: El INV debería volver a bloquear y paralizar la comercialización de aquellas bodegas, mosteras y secadoras de pasas que registren deudas de aportes con la Coviar. Tras la desregulación, el INV había levantado estas suspensiones para reactivar a más de 200 empresas.
— Freno a la transferencia de fondos remanentes: La resolución del Gobierno determinaba que los fondos sobrantes del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) debían ser transferidos a las cuentas del INV. Un fallo favorable a la corporación congela ese traspaso de dinero.
